La Fundación Carolina acaba de editar un libro sobre la promoción de la responsabilidad social a través de los tratados de inversión, con especial hincapié en la situación existente en Venezuela y Bolivia. La publicación cuenta con el apoyo de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), y de la Universidad Complutense de Madrid (Santander-UCM).'La promoción de la responsabilidad social en los tratados de inversión. Los casos de Bolivia y Venezuela' es obra de los expertos Helena Ancos y Dámaso Javier Vicente. A lo largo de 157 páginas, los autores subrayan que los acuerdos de inversión internacionales pretenden promover el desarrollo sostenible ya que constituyen "en principio, mecanismos para promover una mejor distribución del capital a través de la no discriminación".
En su opinión, la responsabilidad corporativa "no es una panacea pero viene a complementar a los marcos legales y obligatorios, quesiguen siendo la base sobre la cual un país anfitrión garantiza que el inversionista tenga una conducta responsable en su jurisdicción".
En el caso de América Latina, el concepto de RSC "es cada vez más utilizado en la región" pero, en su opinión, "ha de experimentar un proceso de adaptación a la idiosincrasia propia del continente, y de cada país en particular, para que responda a las necesidades y expectativas de los agentes de interés locales".
En este contexto, los autores califican de "muy importante" el papel de las empresas españolas en este proceso ya que su "reto" pasa por generar valor en materia de RSE, ampliando su impacto a nivel social, e integrar las políticas de responsabilidad social en las prioridades locales, consensuadas con los grupos de interés y las administraciones publicas locales.
RECOMENDACIONES
Por ello, los autores recomiendan a las compañías que, unavez establecidas las prioridades de inversión, hay que encontrar el modo "de fortalecer la gestión de la inversión nacional a través del diseño de un marco reglamentario y de gestión efectivo".
Asimismo, se muestran contrarios a las políticas comerciales y de inversión "excesivamente cortoplacistas" ya que implican "mayores costos de eficiencia y un progresivo aislamiento del inversor en un contexto de creciente competencia, al mismo tiempo que se produce un aumento de riesgos para el Estado receptor", entre otras recomendaciones.
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