Dos logros importantes acaba de registrar el sector empresarial colombiano en desarrollo de sus iniciativas de responsabilidad social corporativa. El 29 de octubre se inauguró en Bogotá el Centro Regional para América Latina y el Caribe del Pacto Mundial de Naciones Unidas, una iniciativa impulsada para ratificar el liderazgo del país en iniciativas sobre derechos humanos, mejora de las condiciones laborales, cuidado del medio ambiente y lucha contra la corrupción. Y el 6 de noviembre pasado Colombia fue aceptado como miembro vinculado a los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos.
El Pacto Global está en 116 países y vincula más de 4.000 empresas. En América Latina, cuenta con diez Redes Locales y 1.162 empresas participantes. México es el país con el mayor número de empresas que han adherido a esta iniciativa, con un total de 277; seguido por Brasil con 201; Argentina con 193 y Colombia con 126.
Cuatro son las áreas en las que centra su atención: derechos humanos, condiciones laborales, medio ambiente y anticorrupción, que se plasman en diez objetivos que van desde apoyar y respetar los derechos humanos hasta eliminar el trabajo forzado y apoyar los principios de libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, o tener un enfoque preventivo frente a los retos medioambientales.
La red de Colombia comenzó a operar en 2004. Emilio Gilolmo, presidente del Consejo Directivo del Centro, destacó que "adherir al Pacto Global es un acto de compromiso de las empresas con los temas sociales que, además, redunda en la competitividad de esas compañías".
Diana Chávez, la directora del Centro para América Latina y el Caribe, explica que "en el contexto de la región, el tema de derechos humanos en Colombia es clave y por ello es importante tener aquí la sede, porque los empresarios tienen una preocupación muy clara por estos temas".
De otro lado, el país acaba de ser aceptado como miembro vinculado a los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos, iniciativa de los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Noruega y Holanda para guiar a firmas del sector extractivo en el uso de una metodología sobre análisis de riesgos e impactos sensibles al conflicto y los derechos humanos, tema crítico para quienes desarrollan labores en zonas de violencia y de alta vulnerabilidad.
Ángela Rivas, coordinadora del área de sector empresarial y conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), señala que este es un logro muy importante para el país y resalta la importancia de que Colombia hubiera participado en las plenarias de este grupo en 2006, 2008 y este año. Junto a Colombia, Canadá es otro de los países que ha sido aceptado como miembro vinculado.
Desde 2003, el sector público y privado del país trabajan en la adopción de estos
Principios Voluntarios. Primero, con la creación, en 2007, de lo que se convirtió en el Comité Minero Energético de Derechos Humanos, en el que participan el Gobierno, algunas embajadas, varias empresas del sector minero energético, la Asociación Colombiana del Petróleo y algunas organizaciones de la sociedad civil, como la FIP.
Estos reconocimientos al Gobierno y al sector privado del país por su compromiso en responsabilidad social y derechos humanos se convierten al mismo tiempo en un gran reto: garantizar el cumplimiento de estas iniciativas.
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