Málaga firma el primer Acuerdo de Concertación Social provincial

Empresarios, sindicatos y Diputación suscriben un pacto con 15 objetivos y 70 líneas estratégicas para superar la crisis, modernizar sectores y aumentar la competitividad del tejido productivo

El miércoles 11 de febrero, la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), la Diputación de Málaga y los sindicatos CCOO y UGT suscribieron el Acuerdo de Responsabilidad Social por la Economía, la Innovación y el Empleo en la provincia, compromiso orientado a la generación de empleo y a la recuperación económica.

Tras una década de crecimiento, vivimos una coyuntura de crisis muy importante. El objetivo fundamental del acuerdo es combatir esta situación desde el diálogo, la cooperación y el consenso. En este momento, según los firmantes, no es posible la relajación en las políticas de desarrollo económico y de creación de empleo. Al contrario, es esencial adoptar todas las medidas necesarias para fortalecer los mercados productivos desde la legitimidad política que proporciona el diálogo, y la participación de los agentes sociales y económicos.

Esta legitimidad para consensuar medidas de coordinación y cooperación entre la Administración y las organizaciones empresariales y sindicales es una garantía para generar confianza y para acometer, responsablemente, situaciones difíciles como ésta.

El acuerdo se desarrolla a través de 15 objetivos generales y más de 70 líneas estratégicas. Como tareas fundamentales en materia de economía e innovación destacan las iniciativas para promover la modernización de los sectores estratégicos de la provincia -servicios, turismo y construcción-, y potenciar otros necesarios para facilitar el cambio hacia nuevos modelos y diversificar la economía malagueña: nuevas tecnologías, energías renovables, transformación agroalimentaria, cultura, sociedad de la información, logística y transporte.

Cultura innovadora.

Las instituciones públicas y los agentes sociales han sido claves en la implantación de programas de desarrollo local en Málaga. Estas acciones han permitido una auténtica transformación de los municipios, mejorando sus tejidos productivos.

El acuerdo indica que es necesario profundizar en estos programas, optimizando y respetando al máximo los recursos propios de cada lugar, e incorporando las nuevas tecnologías para conseguir un desarrollo sostenible.

En referencia al crecimiento, es importante la incorporación al mundo empresarial y de las Administraciones Públicas del concepto de Responsabilidad Social Corporativa y de la Cultura Innovadora como elementos transformadores de la economía malagueña.

En esta línea se potenciará, a través del acuerdo, el impulso de estos elementos mediante la denominación de ´Territorios y Ciudades Socialmente Responsables´, que articulen políticas culturales, económicas y ambientales basadas en este concepto y atraigan a inversores competitivos por su compromiso con las personas y el medio ambiente.

El acuerdo incluye compromisos en materia de formación y mejora de la empleabilidad, ya que la educación y la formación son factores estratégicos para la consecución de los objetivos propuestos en materia de productividad.

Según un informe de la UE y la OCDE, España arroja los índices más bajos de productividad laboral, por lo que resulta de vital impulsar mecanismos para que se produzca un incremento de este indicativo como uno de los caminos para hacer a las empresas más competitivas y que generen mayor empleo de calidad.

Una iniciativa fundamental, por tanto, es realizar estudios y análisis para conocer las necesidades laborales, económicas y de desarrollo, a fin de adecuar la oferta y la demanda del mercado laboral y convertir el empleo en eje vertebrador de los derechos sociales de las personas.

Vicente García se refirió al carácter esencial de todas estas medidas, al señalar que la intensidad de la crisis es cada vez mayor, y la tasa de paro, con el consecuente endeudamiento de las familias, aumenta también a un ritmo importante.

Recordó que los agentes sociales deben, en la medida de sus posibilidades, contribuir a la creación de un marco económico estable que aporte certidumbre y que favorezca la inversión.

Más VPO.

Respecto a las Administraciones, indicó que las instituciones públicas tienen la obligación de apoyar y promover las políticas económicas que dinamicen el mercado y favorezcan la actividad empresarial, especialmente de las pymes. Por su parte, las entidades financieras deben aportar los créditos necesarios, favoreciendo la puesta en marcha de proyectos tan importantes como el Plan Andaluz para la Vivienda y el Suelo, destinado a la construcción de VPO.

El presidente de la CEM recalcó, por último, que es momento de potenciar la imaginación y huir del pesimismo, y con esa intención se ha firmado el acuerdo, en una clara apuesta por la confianza en el optimismo, el trabajo constante y sus frutos.